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Boletín Humanitario No. 30 - Sala de Situación Humanitaria Colombia

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Boletín Humanitario No. 30

12 de diciembre de 2011 - 1 de enero de 2011

Martes 3 de enero de 2012


Emergencia humanitaria y ambiental en Nariño

En Barbacoas, más de 70 familias de la etnia Awá fueron forzados a desplazarse por graves hechos de violencia por parte de un grupo armado post-desmovilización. Desde el 12 de noviembre se registran derrames de crudo en los municipios de Roberto Payán y Barbacoas.

Más de 250 personas pertenecientes a la población Awá del Resguardo de Ñambí Piedra Verde fueron forzadas a desplazarse por graves hechos de violencia por parte de un grupo armado post-desmovilización ocurridos en diciembre de 2011. El pasado 23 de diciembre, un hombre fue asesinado, siete personas retenidas y tres mujeres (dos de ellas menores de edad) fueron víctimas de violencia sexual. La Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), denunció que gran parte de las familias Awá de este resguardo han sido víctimas de desplazamiento forzado desde 2006 y sus retornos se han realizado sin acompañamiento y sin que se tengan en cuenta los principios de seguridad y dignidad. En marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al pueblo indígena Awá de los departamentos de Nariño y Putumayo y solicitó al Estado adoptar medidas con el fin de garantizar su vida y su integridad personal.

En diciembre de 2011, tras varios atentados contra el oleoducto Trasandino (que transporta petróleo desde el Ecuador hasta Tumaco), se produjo un derrame de crudo en zona rural de los municipios de Barbacoas y Roberto Payán. Se estima que al menos 880 familias a lo largo de los ríos Saundé y Guelmambí fueron afectadas por la falta de agua segura y de alimentos, ya que la pesca representa la actividad de sustento principal. De acuerdo con información del CREPAD, 137 familias se desplazaron y permanecen en el casco urbano de Roberto Payán en donde han recibido asistencia. La situación de las comunidades y el proceso de recolección de crudo que adelanta Ecopetrol podrían complicarse como consecuencia de las fuertes lluvias que se registran en los últimos días. Por la situación de seguridad en la zona no ha sido posible contar con un diagnóstico de necesidades detallado aunque se ha podido establecer que se sigue reportando la necesidad inmediata de agua para el consumo humano, en particular en comunidades ubicadas en las partes altas de los ríos Saundé y Guelmambí.

Nuevos hechos de violencia afectan a niños y jóvenes

Niños, niñas, jóvenes y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual, homicidios y atentados en varios departamentos del país. Además, se siguen registrando desmovilizaciones de menores de edad vinculados a las filas de grupos armados no-estatales y riesgos asociados a la contaminación por minas antipersonal.

En el municipio de Orito (Putumayo), un niño de ocho meses y su madre murieron en un atentado contra la estación de policía el 31 de diciembre. Otro niño menor de dos años resultó herido. En Pradera (Valle del Cauca), la explosión de una granada en un establecimiento público del casco urbano dejó un aniña de 8 años fallecida y 10 personas heridas, entre ellas una niña de ocho años el 1 de enero de 2012. El atentado fue atribuido a enfrentamientos entre grupos armados post-desmovilización quienes también han impuesto restricciones y controles a la población civil. El 15 de diciembre, una adolescente de 14 años de edad fue secuestrada en Fortul (Arauca) por el ELN.

En Chocó y Arauca, dos menores de edad se desmovilizaron de las filas de las FARC entre el 21 y el 23 de diciembre. Uno de ellos pertenece a una comunidad indígena. En los últimos meses se han registrado al menos ocho casos de menores desvinculados del grupo armado no-estatal en el departamento de Arauca.

En zona rural de Putumayo, un campo minado fue desactivado en la vía que del casco urbano del municipio de Villagarzón conduce a Puerto Asís, a 200 metros de una escuela. Según registros del PAICMA, entre 1990 y noviembre de 908 menores de edad fueron víctimas de accidentes con MAP y MUSE, lo que representa un 9% del total de las víctimas registradas (9.587).

Seguimiento a desplazamientos masivos:

Timbiquí, Cauca Aproximadamente 30 familias retornaron entre el 21 y el 22 de diciembre, después de que la Armada ofreció una presencia semipermanente en las inmediaciones de la comunidad de Cuerval. La población restante (aproximadamente 51 familias) permanece desplazada en el casco urbano de Guapi en donde se ha dispersado para albergarse en casas de familiares y amigos. El Equipo de Educación en Emergencias del Consejo Noruego para Refugiados realizó una misión a la zona el 22 de diciembre. De acuerdo con los hallazgos de la misión, De acuerdo con la evaluación realizada por NRC, para los niños y niñas que retornaron el riesgo es de exposición a combates, vinculación al conflicto armado y el uso de la escuela por parte de grupos armados. Considerando los antecedentes de riegos para menores en la zona urbana de Guapi, los niños y niñas en situación de desplazamiento son particularmente vulnerables a explotación y abuso sexual y vinculación al conflicto armado.

Pradera, Valle del Cauca El 21 de diciembre se realizó una misión interinstitucional (OCHA, OACNUDH y Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo), con fin de hacer seguimiento a las condiciones de las comunidades del Líbano, San Isidro y las comunidades indígenas Nasa del resguardo Ket Wala. Los miembros de estas comunidades se desplazaron en varias ocasiones durante el 2011, como consecuencia de los combates entre el Ejército y las FARC. De acuerdo con los hallazgos de la misión, las comunidades visitadas están en riesgo permanente de desplazamiento hacia el casco urbano, debido a que la situación de seguridad es muy frágil, y no cuentan con espacios habilitados para protegerse. Hasta la fecha dos familias volvieron a desplazarse de nuevo hacia el casco urbano.

Segunda temporada de lluvias 2011: 1.1 millones de personas afectadas

Más de 250 mil personas fueron afectadas durante el periodo en revisión, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias. A la fecha, más de 23 mil viviendas se reportan como destruidas o averiadas.

En particular se registra un aumento en el número de personas afectadas en el departamento de Chocó en donde también se reportan restricciones al acceso tanto por dificultades logísticas como por la situación de seguridad. En misiones de identificación rápida de necesidades en Córdoba (Ayapel), Bajo Cauca (Nechí y Caucasia), se pudo constatar que cientos de personas aún permanecen en condiciones difíciles en los sitios adecuados como albergues temporales. Las necesidades más urgentes se reportan en los sectores de albergues y agua, saneamiento e higiene. Dado que un porcentaje importante de municipios han estado inundadas por más de 18 meses, urge formular soluciones para recuperar los medios de vida de la población afectada.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta una inversión superior a los 48 mil millones de pesos en la atención a las emergencias. Las agencias del Sistemas de Naciones Unidas que adelantan el Programa Conjunto de respuesta al Fenómeno de la Niña 2010 - 2011 avanzan en el proceso de identificación de población beneficiaria en los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay (Cauca). En Chocó, se están programando misiones conjuntas a la zonas priorizadas para avanzar con la implementación de los proyectos, luego de que por condiciones de seguridad fuera necesario aplazarlas.

Documentos adjuntos


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